“La investigación es fundamental para la transformación de la sociedad. Por eso estamos aquí dando el respaldo a la comunidad de investigadoras e investigadores, al entender que la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología no beneficia a la sociedad, marca un retroceso y como sociedad y autoridades tenemos la obligación de fijar una postura clara y contundente en apoyo a quienes hoy nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas mexicanas y mexicanos al realizar investigaciones en Ciencia y Tecnología”, aseveró el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
Lo anterior, al participar este viernes en el foro “Mitos y Realidades sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología”, organizado por la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), en coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde puntualizó que, si bien se podría considerar que esta norma tiene aspectos novedosos y positivos, el fondo es todo lo contrario para la investigación, pero también para el país, ya que no abona a fortalecer el contenido del artículo 3 constitucional ni a la mejora del respeto y progresividad de los derechos humanos de todas y todos en general.
Teniendo como escenario el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, José Luis Urióstegui enlisto algunos de los factores negativos de esta ley, como la reducción al mínimo en la posibilidad de que más personas se integren al grupo de investigadores, que el Consejo Directivo del otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), este integrado por todas las dependencias federales, lo cual hace que los criterios que se emitan sean acordes a las necesidades del gobierno y no a las de la sociedad en general como debe ser, poniendo el ejemplo de la capital del estado donde las y los investigadores han participado en los momentos más difíciles de la pandemia, recibiendo la autoridad municipal consejos y directrices para beneficiar a la población y evitar riesgos innecesarios.
Además, destacó que la ley no solo concentra en el gobierno federal al Sistema Nacional de Investigación, sino que obliga a los estados y a los municipios en ciertas responsabilidades y competencias que antes no tenían, lo que va a generar la obligación de canalizar presupuesto que no tienen.
Al dar las palabras de bienvenida, el presidente de la ACMor, el doctor Alejandro Sánchez Flores, manifestó la importancia que debería tener para los gobiernos el desarrollo científico y tecnológico de país, otorgando financiamiento, seguimiento y acercamiento, pero sobre todo que les permita tener la libertad de hacer investigación que en un futuro sea relevante para la sociedad en conjunto, respetando el artículo 3 constitucional, que señala el derecho a la educación, a la ciencia y sus beneficios.
En el marco de las ponencias, la directora de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la doctora Patricia Mussali Galante, recordó que la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología se aprobó el 26 de abril por la Cámara de Diputados y el 28 de abril por la Cámara de Senadores, habiéndose completado solo dos foros del parlamento abierto de los siete pactados originalmente para ser publicada el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor a partir del día siguiente, a pesar de contar con algunos puntos que han generado incertidumbre entre la comunidad de investigadores.
Entre ellos, Patricia Mussali resaltó, que en la agenda de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación dictada por el CONACyT canaliza recursos únicamente a los temas que forman parte de los programas nacionales estratégicos, habla de ejes estratégicos y prioridades de investigación, pero no define quien los establecerá, así como genera un futuro incierto para las nuevas generaciones de científicos, toda vez que no contempla los mecanismos por los cuales se crearían nuevas plazas de investigadores.
