El pliego de exigencias de Resistencia Estudiantil pone sobre la mesa cerrar el campus Chamilpa y convertirlo en un circuito interno controlado que implica no solo decisiones universitarias, sino acuerdos con comuneros y posibles implicaciones legales sobre el uso de espacios que hoy funcionan como paso público.
Más allá del simbolismo de “cerrar” el campus, la petición revela un trasfondo claro: la preocupación por la seguridad de los estudiantes, tras los feminicidios de Kimberly y Karol.
En ese sentido, exigieron la instalación de cámaras, luminarias y transporte interno.
Ayer los estudiantes exigieron la firma y publicación de este convenio en menos de 24 horas, pero las autoridades solicitaron tiempo para analizarlo, y la reunión continuará este día.
Por ahora, la falta de avances refleja ese choque entre demandas estructurales de largo alcance y la capacidad inmediata de respuesta de la universidad.
El desenlace dependerá de si ambas partes logran transitar de posturas máximas a acuerdos graduales que permitan destrabar la negociación y avanzar hacia la liberación del campus.
