Nueve horas de plantón, presión política y caos vial bastaron para que la gobernadora de Morena, Margarita González Saravia cediera ante los transportistas y se autorizara un aumento de tres pesos al pasaje, elevando la tarifa mínima de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio, es decir un 30 por ciento.
La escena fue contundente: rutas estacionadas bloqueando el centro de Cuernavaca, líderes transportistas desafiando abiertamente al gobierno y una administración estatal que pasó del discurso de “escuchar a todos los sectores” a entregar el incremento el mismo día de la protesta.
Mientras miles de ciudadanos quedaron atrapados entre cierres viales, retrasos y afectaciones, las negociaciones se realizaron a puerta cerrada. Durante horas, funcionarios estatales intentaron contener el conflicto sin éxito, hasta que la gobernadora Margarita González Saravia intervino directamente y destrabó el acuerdo que los transportistas exigían desde hace más de un año.
El problema no es únicamente el aumento, sino el mensaje que deja: en Morelos, quien presiona y paraliza la ciudad obtiene resultados.
La administración estatal justificó el incremento hablando de “modernización”, electromovilidad y transporte digno, pero la realidad cotidiana del servicio contradice el discurso oficial: unidades deterioradas, choferes sin capacitación suficiente, tiempos de espera excesivos, inseguridad y rutas saturadas forman parte de la experiencia diaria de miles de pasajeros.
El aumento llegó primero; las mejoras, otra vez, quedaron para después.
El nuevo golpe al bolsillo ocurre en un contexto económico complicado para muchas familias que utilizan varias rutas al día, el ajuste representa cientos de pesos adicionales al mes, sin garantía inmediata de recibir un mejor servicio.
