Mientras miles de ciudadanos en Cuautla y la región oriente pagaban cuotas, cerraban negocios o vivían bajo amenazas, y con el miedo en sus puertas, las autoridades municipales presuntamente ofrecían protección política al crimen organizado.
La confirmación hecha por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch no solo exhibe una red de extorsión ligada al Cártel del Pacífico en Morelos; también revela el tamaño de la descomposición institucional que alcanzó a alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos.
Las investigaciones federales apuntan a que el poder público dejó de servir a los ciudadanos para convertirse, presuntamente, en facilitador de una estructura criminal que cobraba piso a comerciantes, transportistas y familias enteras con total impunidad y hasta con la protección de autoridades municipales.
Además de las detenciones y órdenes de aprehensión, la Unidad de Inteligencia Financiera congelará cuentas y bloqueará a 32 personas físicas y morales relacionadas con esta red.
Porque además el jefe nacional de la policía, advirtió, la lista no termina, tampoco son todos, hay más alcaldes, ex funcionarios, empresarios, líderes sociales, es decir, esto es apenas la punta de la madeja.
