Son los primeros respondientes y deben dejar de ser espectadores mudos o lejanos ante el dolor de sus vecinos, consideró al presentar iniciativa ante el pleno del Congreso local.
“Por la memoria de quienes nos faltan, por el consuelo de las familias que no se rinden y por el derecho a la seguridad de la juventud morelense”, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz presentó iniciativa para facultar y obligar a los presidentes municipales a dejar de ser “espectadores mudos o lejanos ante el dolor de sus vecinos”, ya que, en la búsqueda de una persona, las primeras horas son la diferencia entre la vida y la muerte y los ayuntamientos son el primer contacto con la ciudadanía, los primeros respondientes.
El propósito de la propuesta presentada a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), que adiciona la fracción XLII al artículo 41 y la fracción XI al artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no es pedir que los alcaldes sustituyan a las fiscalías ni a las comisiones especializadas, sino exigir que no le den la espalda a su gente, que abran las puertas de la policía municipal, del DIF, de la logística local y que se sumen de inmediato a la búsqueda cuando una familia los necesite, precisó la legisladora ante el pleno del Congreso.
“Detrás de cada cifra que voy a citar hoy en esta tribuna, hay una cama vacía. Hay una madre que no duerme. Hay una mesa puesta donde falta una hija, un hijo, un hermano o un padre. La desaparición de personas no es solo un indicador estadístico ni un concepto abstracto de la ley; es una herida abierta en la carne de nuestra patria y en el corazón de Morelos”.
Refirió que, a nivel nacional más de 121,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas y Morelos, lamentablemente, no es ajeno a este dolor, ya que, al corte de las mediciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de México Evalúa, en nuestra entidad se contabilizan más de 2,020 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales siete de cada diez son hombres principalmente jóvenes de 20 a 25 años y en el caso de las mujeres, el 27% de son adolescentes de tan solo 15 a 19 años.
Reveló que los casos ocurren en su mayoría en Cuernavaca, seguida de Cuautla, Temixco, Jiutepec y Yautepec y que, “cuando una familia desesperada acude al ayuntamiento o cuando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas llega a un municipio a desplegar un operativo urgente, con frecuencia nos topamos con un muro: la falta de una obligación clara y expresa en la norma local. Escuchamos pretextos como “no es mi competencia”, “a mí no me corresponde”, o peor aún, burocracia que frena la difusión inmediata de cédulas, la logística o el auxilio territorial”.
Pidió el respaldo de sus homólogos para que ningún presidente municipal vuelva a excusarse en el vacío de la ley para ser indiferente ante la desesperación, en el entendido de que legislar para buscar no es un asunto partidista; es un deber moral y constitucional de derechos humanos.
La iniciativa no implica ningún impacto presupuestal, “se trata de voluntad política, de orden normativo y de corresponsabilidad humana y legal”, puntualizó Tania Valentina al exponer que consiste en adicionar la fracción XLII al artículo 41 para establecer con absoluta claridad como una facultad y obligación directas de los presidentes municipales el coadyuvar de manera activa con las autoridades federales, estatales y con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la implementación de las acciones, medidas y procedimientos de localización.
También, adicionar la fracción XI al artículo 42, para fijarles una prohibición expresa: no podrán, bajo ninguna circunstancia, obstaculizar las acciones, medidas y procedimientos de búsqueda y localización que realicen las autoridades competentes en su territorio. La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictamen.
