Un rezago en materia de obra pública que asciende a los 300 o 400 millones de pesos, es la que enfrente la mayoría de los municipios del estado, sobre todo aquellos 18 que no fueron considerados en el Fondo Regional de Infraestructura que fue aprobado por el Congreso local y ahora desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si se distribuyen ahora, sí habrá posibilidades de que los municipios puedan ejercer el recurso en obra pública, de otra manera existe el riesgo de que no de tiempo en este 2023, por eso es importante que el Congreso ya sea notificado”, dijo Francisco León y Vélez, presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal ( IDEFOMM).
En junio pasado la Corte suspendió el ejercicio de más de 500 millones de pesos de dicho fondo, esto debido a que el Poder Ejecutivo presentara una Controversia Constitucional argumentando que habían dejado fuera a 18 municipios de los 36, situación que fue concedida.
Una vez que el Congreso del estado sea notificado de la resolución, deberá hacer los cambios correspondientes a la Ley de Egresos 2023 para adecuar la determinación de la máxima Corte del país.
