Los medios de comunicación de masas siempre han operado en México con el doble propósito de manipular los hechos y publicar medias verdades, por un lado, y hacer negocios mediante la venta de publicidad, comercializar productos de dudosa calidad y convertir sus programas en vivo en tianguis mediáticos a todo color.
El conjunto de medios corporativos, integrado por cadenas de radio y televisión, o bien por pequeños emporios de nivel regional orgánicamente entrelazados, han funcionado tradicionalmente como voceros del antiguo régimen. Un alto ejecutivo de televisión llegó a presentarse como “soldado del PRI”, en los mejores tiempos de la “dictadura perfecta”, según la expresión del recién fallecido novelista Mario Vargas Llosa.
Ante este panorama, el gobierno federal emprendió una reforma de las instituciones a partir de 2018, cuando la izquierda llegó al poder del brazo de AMLO. La voluntad política del presidente y sus aliados empujaron durante el sexenio anterior en favor del cambio, pero siempre chocaron con la férrea resistencia de los factores reales de poder, principalmente la televisión corporativa, los partidos políticos de derecha (PRI y PAN) y el poder judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Actualmente el gobierno de la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el 85% de aprobación entre los sectores populares, de manera transversal entre diversos grupos sociales definidos por edad, nivel académico, de ingresos, profesión, etc. En paralelo, el poder de las televisoras ha venido reduciéndose de manera inversamente proporcional.
Pues bien: cuando los líderes de la derecha prianista hacen alguna crítica al gobierno, su voz adquiere una dimensión ampliada, que no corresponde a la calidad de sus argumentos. Es decir: cuando los prianistas alzan la voz, los medios les confieren amplitud nacional, en los mejores horarios y con gran despliegue de baterías mediáticas. Es clara la alianza entre las élites que manejan los medios con los opacos e intrascendentes líderes prianistas. La simbiosis TV-PRIAN ha convertido a esos congresistas en una simple telebancada.
Bajo el acicate de su desenfrenado afán por conseguir ingresos millonarios, las empresas de televisión recién difundieron un mensaje racista y discriminatorio del gobierno de EU, cuyo lenguaje amenazante ultrajó la sensibilidad del pueblo, porque los migrantes son sus padres, o sus hijos, que emprenden el viaje por necesidad. El mensaje criminalizó a los indocumentados y les advirtió que no deberían ingresar a territorio de EU, porque serían perseguidos y cazados como delincuentes. Las palabras eran reforzadas con escenas de violencia y humillación.
Los publicistas obraron, además, con dolo y oportunismo, aprovechando un partido de futbol de la primera división mexicana, e incluso llegaron a difundirlo en los momentos del duelo por la reciente muerte del Papa Francisco. Es decir, buscaron llegar al gran público, a los grandes eventos, atropellando incluso los sentimientos de los fieles. Violaron las reglas elementales del respeto a lo más sagrado de los creyentes. Los funcionarios de las televisoras se mostraron crueles y ruines, sin más propósito que hinchar las carteras de su empresa con billetes, llegando hasta la ignominia.
La indignación del pueblo mexicano fue muy grande, y arrancó de lo más profundo. Con esas imágenes, las televisoras no solo se comportaron como soldados del PRIAN, sino del racista Donald Trump. Y en diversos espacios –sindicatos, escuelas, medios alternativos– se fueron articulando enérgicos mensajes de protesta popular, de rechazo a la conducta perversa de las cadenas televisivas, aliadas del racismo antimexicano.
La cúpula del gobierno federal tomó entonces una enérgica decisión: prohibir la transmisión de mensajes de gobiernos extranjeros, y reglamentar el uso del espacio radioeléctrico de México –propiedad de la Nación— previamente concesionado a consorcios televisivos que han encontrado en Donald Trump al amo sustituto, ante quien se han puesto al servicio sin respetar la dignidad del gobierno y del pueblo de México.
La asesoría jurídica del gobierno federal dio los últimos toques, y la presidenta Claudia Sheinbaum envió al senado el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones –un ordenamiento que estaba a debate desde meses atrás—y puso énfasis en la prohibición de que esos hechos vergonzosos se repitan; además de poner freno al abuso a las televisoras, estableciendo reglas claras para el manejo que deben aplicar en su funcionamiento. No se realizó ningún intento de tocar sus negocios, y menos de censurar su opinión: el punto central consiste en que respeten la dignidad del pueblo y usen de manera adecuada la concesión federal. El gobierno actual no necesita censurar a nadie: sus programas informativos –en especial “la mañanera”– superan con mucho la audiencia de cualquier empresa particular.
La reforma implica que, en el futuro, las plataformas digitales ya no puedan poner en circulación las narcoetiquetas que manejó la oposición durante la campaña electoral del 2024, en las cuales reprodujeron ad naúseamdecenas de millones de anuncios con la etiqueta de #narcopresidenteamlo y #narcocandidataclaudia, en una plataforma de dudosa honorabilidad, anuncios financiados con fondos procedentes de gobiernos locales de derecha.
Esa es la clase de “libertad de expresión” que hoy defienden los prianistas. En el fondo, no les duele que el gobierno adopte medidas enérgicas para controlar la situación política, desbordada por el impúdico intervencionismo del magnate racista. Les duele que el gobierno limite los negocios de las televisoras, sus voceras. Les da miedo llegar a encontrarse aislados, en medio del desierto político y sin que nadie difunda su voz.
En los tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto, los prianistas manejaban la censura y la represión, y la aplicaban con rigor contra movimientos y líderes de opinión. En aquella época, los prianistas eran como tiburones que depredaban los mares a su antojo; hoy, apenas son mantarrayas que divierten al público con sus vistosos saltos. Pronto se podrán convertir en salmones o incluso charales. Pero no se preocupen. Por el momento, la iniciativa de reforma no será sometida a votación cameral, y será debatida en foros abiertos.
Nos debe quedar bien claro: el futuro es del pueblo. El próximo mes de septiembre tendremos una nueva SCJN –presidida probablemente por una mujer progresista– que nunca más dejará de cobrar impuestos al magnate de cierta televisora. El equipo de la tríada conservadora (TV-PRIAN-SCJN) perderá su brazo más fuerte, su eje vertebrador. El poder de los pilares del viejo régimen, se irá desmontando por partes.
