En el llamado municipio indígena de Xoxocotla el Cabildo regidoras y regidores denunciaron amenazas, discriminación y bloqueo total de su trabajo por parte del alcalde José Carlos Jiménez Ponciano.
Sumado a eso ya presentaron denuncias denuncias, últimamente han pedido ayuda, tocaron puertas y hasta la fecha nadie ha intervenido.
Las funcionarias incluso fueron amenazadas en sus domicilios para que no se presenten a las oficinas municipales.
En conferencia de prensa, cinco regidores y la síndica municipal de Xoxocotla expusieron que desde el inicio de su administración han enfrentado actos de discriminación, exclusión y restricciones económicas impuestas por el alcalde. Las autoridades auxiliares señalaron que, pese a solicitar diálogo, las puertas del gobierno municipal y estatal se han mantenido cerradas
De acuerdo con la síndica Alicia Fernandina Capistrán y las regidoras presentes, el conflicto se agudizó a partir del 30 de septiembre, cuando dejaron de recibir salarios, dietas y apoyos necesarios para atender sus funciones. También denunciaron descuentos injustificados a su personal y la falta de recursos básicos, como combustible para sus actividades oficiales. Asimismo las regidoras afirmaron ser víctimas de violencia política en razón de género. Relataron que el alcalde no las convoca formalmente a eventos públicos, las excluye de procesos administrativos y busca responsabilizarlas por multas provenientes de administraciones anteriores, con montos superiores a los 18 mil pesos.
Una de las denuncias más graves fue expuesta por la regidora Juliana Pablo Ángel, quien reveló haber sido amenazada en su propio domicilio por otro integrante del cabildo, Albino Jorge Mata, quien le advirtió que “el presidente la iba a alinear” si no obedecía sus órdenes. La regidora presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual quedó asentada el 24 de septiembre de 2025.
Denuncias acumuladas sin avance ni protección.
El asesor legal del grupo, Enrique Salazar, señaló que se han promovido tres acciones legales sin que hasta ahora exista una respuesta efectiva de las autoridades:
- Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción (24 de septiembre de 2025), ya ratificada por las víctimas, pero sin avances ni medidas de protección otorgadas.
- Juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral (27 de octubre de 2025), donde se concedieron medidas precautorias el 12 de noviembre.
- Procedimiento especial sancionador ante el IMPEPAC (12 de noviembre de 2025) por violencia política en razón de género.
A pesar de que las medidas ordenan custodia policial y vigilancia preventiva, las regidoras afirmaron que la Fiscalía General del Estado y las corporaciones estatales no han realizado ni un solo acercamiento. (Con información de El Guardián y Carlos Quintero).
