Un particular promovió un juicio de amparo contra 11 artículos de la nueva Ley de Movilidad, cuestionando las obligaciones impuestas a las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
Cuernavaca, Morelos. — La recientemente promulgada Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos enfrenta su primer desafío legal tras la presentación de una demanda de amparo que busca frenar la regulación de plataformas digitales como Uber y Didi.
El recurso jurídico, promovido por un particular, impugna específicamente once artículosintegrados en el Capítulo III («Del Servicio de Transporte Privado Contratado a través de Empresas de Redes de Transporte») y el Capítulo IV (relativo a la Verificación de las Condiciones Físico-Mecánicas).
De acuerdo con el quejoso, la nueva normativa genera afectaciones directas al establecer una serie de obligaciones que, hasta la entrada en vigor de esta ley, no existían para el sector privado de transporte por aplicación. Entre los puntos más críticos señalados en la demanda destacan:
- Registro Estatal: La obligación de que las plataformas y conductores mantengan un registro oficial ante las autoridades de movilidad de Morelos.
- Revista Mecánica: El sometimiento de los vehículos particulares a estándares de verificación físico-mecánica similares a los del transporte público.
- Carga Administrativa: El cumplimiento de disposiciones del Capítulo IV que regulan los estándares de seguridad y estado de las unidades.
Esta es la primera vez que el estado de Morelos intenta formalizar el marco operativo de las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
Mientras el Gobierno del Estado argumenta que estas medidas buscan garantizar la seguridad del usuario y una competencia leal con el sector del taxi tradicional, el promotor del amparo reclama actos fuera de juicio, argumentando que la aplicación de estas normas vulnera sus derechos.
El juicio de amparo deberá ser resuelto por un Juzgado de Distrito, el cual determinará si concede la suspensión de los artículos impugnados. De resultar favorable para el quejoso, este proceso podría sentar un precedente para otros conductores y empresas que buscan operar bajo un esquema de menor intervención estatal.
