Tras resaltar que el estado de Morelos ha sido, desde hace más de una década, una de las entidades donde la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes y sostenidos, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado presentó ante el Pleno un punto de acuerdo para que en los 36 municipios del estado emitan dicha declaratoria, al considerar que no es un tema del pasado, es una realidad presente, cruda, y urgente.
La diputada coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, dijo que a pesar de que en 2015 se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, han pasado casi diez años y hoy la realidad nos ha rebasado.
En tribuna resaltó que el Cuarto Dictamen del Grupo Interinstitucional (2023), evidenció omisiones graves del estado, deficiencias en información confiable, falta de registros adecuados, insuficiente capacitación, débil coordinación institucional y ausencia de resultados sustantivos e incluso “desde este propio Congreso se ha reconocido que las acciones emprendidas han sido insuficientes”. Y mientras se habla de revisiones administrativas o de actualizar diagnósticos, la realidad en las calles cuenta otra historia, dijo la legisladora.
“Y esto no es una percepción, la Secretaría de las Mujeres del estado ha señalado que el Gobierno de Morelos solicitará la revisión de la Alerta bajo el argumento de que muchas de las medidas implementadas desde 2015 ya han sido cumplidas”.
Al respecto, señaló que existe la expresión abierta de que la aspiración del gobierno es salir de la AVGM, por lo que refirió que “no se puede aspirar a salir de una Alerta cuando los indicadores más graves, que son los feminicidios, siguen colocando a Morelos entre los estados más peligrosos para las mujeres”.
Agregó que la violencia contra las mujeres no responde a un solo patrón ni a un solo territorio, no tiene fronteras, no distingue edades ni contextos, es un problema generalizado por lo que la AVG no puede seguir siendo parcial ni limitada, tiene que ser estatal, integral y efectiva.
Asimismo, añadió que, desde una perspectiva jurídica, el Estado mexicano tiene la obligación de actuar con debida diligencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar, ya que, cuando esto no ocurre, el Estado falla. “Se debe emprender una acción urgente para proteger la vida y la dignidad de las mujeres en Morelos”, afirmó.
